Cada día más personas, funcionarios, alcaldes, estudiantes, señoras y señores de nuestro pueblo se unen a una sola voz expresando un no la explotación minera metálica en nuestro país, fue el “XI Jornada del Defensor y Defensoras de Los Derechos Humanos” realizado en la Universidad de El Salvador y promovido por el Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria “quienes generaron el espacio de reflexión sobre la importancia de contribuir desde las nuevas generaciones un proceso de construcción del Buen Vivir sobre la base de la verdad, justicia y respeto a los derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional.
Fue el turno del Alcalde de Nejapa, Sergio Quijada quien denuncio que 30.000 personas están amenazadas a quedarse sin agua en el municipio de Nejapa por la explotación del acuífero que está realizando la embotelladora Coca-Cola en el país. A este ritmo, la reserva de agua se agotará dentro de 30 años.
La embotelladora Industrias La Constancia, propiedad de la multinacional SabMiller, produce, embotella y distribuye marcas de Coca-Cola. Desde su llegada hace casi 20 años a Nejapa, la empresa no había presentado ningún estudio de impacto ambiental hasta que solicitó la ampliación de su planta.
Héctor Berrios del Movimiento Unificado Francisco Sanchez-1932; MUFRAS-32, organización parte de la Mesa Nacional Frente a la Minería, expuso que es responsabilidad de cada uno reflexionar sobre la realidad en la que se encuentra ambientalmente nuestro país y sobre esa realidad priorizar la defensa de los Derechos Humanos de las personas, señalo que el Gobierno, la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales no deben flexibilizar el marco jurídico ambiental y constitucional por presiones e intereses meramente económicos de las empresas transnacionales como pretende realizar la empresa Oceana Gold que ha demandado al Estado por $ 301, millones de dólares, con este caso lo que está en juego es la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo afirmo. Sin duda la empresa minera pretende doblegar además de extorsionar al Estado, consultando a los asistente o ¿está en juego la dignidad de nuestro pueblo? que recientemente se expreso según encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Publica IUDOP de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” UCA en donde el 79.5 % de la población potencialmente amenazada por la minería metálica rechazo la explotación minera metálica por atentar contra el derecho humano al agua. Berrios puntualizo “en el tema de la minería no existen medias tintas permitirla significa un sacrificio colectivo, si ya el Equipo de Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación de Desastres nos considera uno de los países más vulnerables del mundo, si el mismo Ministerio de Medio Ambiente reconoce la gravedad sobre la disponibilidad de agua de calidad para la comunidades, y confirman que somos unos de los países mas deforestados del continente y si a esto le agregamos la estrechez territorial, la densidad poblacional de 352 habitantes por kilometro cuadrado y el estrés hídrico de las comunidades, los efecto del calentamiento global, sin duda es responsabilidad de cada uno, de los alcaldes, diputados defender su territorio y superar las barreras ideológicas y consensuar la aprobación de una ley que prohíba la minería metálica, en ausencia del consenso político partidario es responsabilidad de este Gobierno, promover un Decreto Ejecutivo de Prohibición de la Minería Metálica, finalmente ratifico que si la minería se permite amenazan la vida colectiva de las personas y en ese caso es preferible morir defendiendo la vida.
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