MUFRAS-32 en DEFENSA del pueblo.

Mientras la empresa minera Oceana Gold, establece su estrategia de incidencia territorial, articulando a otras fundaciones que ella misma mantiene económicamente como minerales torogoz y la fundación el dorado recientemente sorprende la alianza entre estos embaucadores y la empresa del Hospital Pro Familia quienes se prestan para el engaño de las comunidades ofreciendo consultas gratuitas a mujeres de las comunidades.

Es nuestro deber como organización comunitaria que organiza y acompaña a hombres, mujeres, y jóvenes, todos y todas parte de la resistencia que defienden su comunidad, el territorio y el agua, denunciar la total impunidad con que la empresa minera Ocenan Gold, se da la tarea de engañar a las personas, utilizar algunos centros escolares del municipio para sus actividades, visitan casa por casa censando y engañando a la comunidad, amenaza telefónicamente a nuestros promotores, y las instituciones del Estado bien gracias, parece ser que les es normal que se les generen las condiciones para operar. 

Con la minería metálica no se pueden a medias tintas o están en contra de la contaminación o les hacen el juego por recomendaciones del Banco Mundial, es por ese motivo que reiteramos el llamado a los diferentes partidos políticos, a la comisión política de los mismos, a sus diputados/as pasar del discursos a mostrar voluntad política para lograr un consenso y aprobar una Ley que prohíba la explotación minera metálica en nuestro país. Le recordamos al Estado que es su obligación respetar y garantizar el derecho humano al agua, lo que pasa por abstenerse de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso al agua. 

El Estado tiene la obligación de adoptar medidas necesarias y efectivas de índoles legislativo o regulatorios destinadas a impedir a actores como las empresas mineras violen nuestros derechos humanos pero además tienen el deber de investigar e enjuiciar a quien lo hace. Si de coherencia ideológica hablamos se debe de promover como acción urgente un decreto ejecutivo que prohíba la explotación minera metálica en El Salvador