El Día Mundial de los Servicios Públicos este 23 de junio, es un
momento clave para enviar mensajes claros a las administracioes de
gobiernos sobre la necesidad de acuñar políticas fiscales justas que
financien servicios públicos que garanticen la calidad de vida. Al
hacerlo se estaría avanzando en uno de los medios más eficaces para
acabar con la pobreza y la desigualdad.
En El Salvador, las reducidas formas de financiar el presupuesto de
estos servicios nos llevan, no obstante, a ir más allá y evaluar el
sistema fiscal que tenemos y las bases necesarias para transitar de un
modelo tributario regresivo a uno progresivo, donde paga más el que
tiene más.
En estas semanas, las negociaciones de Naciones Unidas para el
Desarrollo han movilizado redes globales de las que hoy somos parte para
exigir mayores niveles de justicia fiscal a las administraciones de los
gobiernos y también a las empresas transnacionales para que paguen lo
justo. La adquisición de más deuda no fuese la única alternativa para el
financiamiento del presupuesto, tal como pareciera decirse en las
últimas semanas. Con justicia fiscal, los programas, planes y proyectos
para el desarrollo, para la sustentabilidad ambiental, para la
prevención integral de la violencia, tendrían financiamiento.
Sin embargo, a pesar de estar llegando a su límite, el déficit fiscal
en nuestro país parece no contar con soluciones estructurales al
problema. La Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, tienen grandes
dificultades para apuntalar soluciones estructurales que trastoquen las
injusticias del modelo fiscal que tenemos.
Ciertamente es lamentable que
el gobierno de turno no cuente con 900 millones de dólares para
seguridad y pago de deuda a través de la emisión de títulos valores,
pero en la misma tónica debería ser aún más alarmante que empresas
deudoras se nieguen a pagar impuestos millonarios y que otras incluso
caigan en el delito de evasión y defraudación al fisco sin que esto
tenga implicaciones penales
.
La crisis fiscal en El Salvador debería de activar un debate a
profundidad entre todas las fuerzas políticas y sociales para corregir
el andamiaje jurídico e institucional que sustenta el carácter regresivo
del sistema. Según estudios, son cerca de 26 que leyes les permiten a
las empresas no pagar impuestos por cerca de 1, 200 millones de dólares
al año.
La carga tributaria en El Salvador es de las más bajas de la región
(15.8% del PIB), donde el 60% de la recaudación se apoya en los
impuestos al consumo de la mayoría de la población. Solo el 40% de los
ingresos tributarios proviene de impuestos a la renta y a la propiedad.
Estudios demuestran que el 35% de los impuestos son evadiidos en El
Salvador por parte de grandes empresas y que, además, cuando se activa
algun cobro, utilizan mecanismos contenciosos administrativos para
entrampar procesos legales en su contra.
Como Red de Organizaciones por la Justicia Fiscal reiteramos el
llamado a que una reforma fiscal integral debe revisar el carácter
regresivo del sistema actual. Deben impulsarse medidas estructurales que
permitan trasladar la carga tibutiaria del trabajo y el consumo de
grandes mayorías al patrimonio, el capital y las rentas de elites
económicas que solo reciben exenciones y beneficios.
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