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En nuestro país y en Centroamérica en los últimos años se ha evidenciado una fuerte presencia de empresas transnacionales de explotación minera en su mayoría de origen canadiense y estadunidense que ha significado la vulneración de los Derechos Humanos de los pueblos originarios que van desde la contaminación del agua, la tierra, el rompimiento al tejido social, la promoción de la corrupción institucional de  funcionarios y políticos como diputados y alcaldes de derecha y de manera paralela las empresas mineras promueven una campaña de terror que va desde amenazas, seguimientos y asesinatos de ecologistas que se oponen a los proyectos de explotación minera.
Es importante reconocer que el Foro de Naciones Unidas sobre “Las Empresas y los Derechos Humanos en el Mundo” arrojo datos sobre el impacto negativo en las comunidades ocasionado por las empresas de explotación minera en el mundo de forma directa e indirecta generando diversas violaciones a los Derechos Humanos, afectando de forma negativa los intereses colectivos de los pueblo.


En los diferentes debates y eventos paralelos organizados por participantes externos que se realizaron en los que participamos se coincidió que los Estados deben garantizar la vida de los pueblos originarios y protegerlos de todo tipo de amenazas. Que los Estados deben respetar y proteger las actividades económicas que desarrollan sus empresas dentro y fuera de sus territorios.


Es urgente que en nuestro país el Estado de El Salvador y el Gobiernos del FMLN tomen las medidas jurídicas, políticas y económicas necesarias para prohibir definitivamente la explotación minera, así como no permitir ninguna actividad en el territorios que arriesgué las pocas fuentes de agua que nos quedan. Los Estados no son en sí mismo responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes privados, sin embargo el Estado puede estar incumpliendo sus obligaciones que le mandata la Constitución y sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos cuando no adopta medidas adecuadas para prevenir, investigar, castigar los abusos cometidos por las empresas mineras. 




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