La falta de lluvia producida
por el fenómeno “El Niño”, además de eventos socio naturales ocasionados por el
cambio climático que se observan con mayor regularidad cada año, acentúan la
vulnerabilidad de la población de nuestro país y de la región, impactando en el
fuerte descenso en la producción de los granos básicos, de hortalizas, y la
escasez de forraje para el ganado, así mismo la reducción de lluvia, impacta
las afluentes de agua como ríos, lagos y lagunas que se tienen para el uso y
consumo humano como para la productividad agrícola y pecuaria, realidad que
representa una seria amenaza a corto, mediano y largo plazo para el bienestar
de la sociedad salvadoreña y, por consiguiente, para el desarrollo
socioeconómico del país.
En El Salvador solamente
el 3% de agua es apta para consumo humano, es decir que se puede potabilizar, además
somos el país más deforestado de América Latina y la depredación se mantiene,
la situación ecológica actual es grave, el deterioro ambiental y en los suelos
causados por la erosión, el calentamiento global y sobre explotación de recursos
naturales han puesto el territorio en una situación de emergencia que muchos no
quieren ver.
La disminución de los bosques y la notable baja en la pesca en agua
dulce y en el mar son algunos de los signos de alarma que se dejan ver, además
de la pérdida de especies de flora y fauna valiosas para nuestro ecosistema (informes del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales)
Las reflexiones
anteriores nos llevan a concluir que nuestra realidad representa una grave
amenaza para los derechos humanos de la población salvadoreña, principalmente
en lo referente al derecho a una alimentación adecuada, al derecho a la
protección contra el hambre, el derecho al agua, y el derecho a un nivel de
vida adecuado.
Para enfrentar y
cambiar la realidad se requiere del apoyo del Estado, la
Empresa Privada (pagando los impuestos que les corresponde para que el gobierno
tenga solvencia económica para continuar
con los programas sociales) y el liderazgo del Gobierno, en la búsqueda de la
solidaridad nacional e internacional que asegure atender las necesidades más apremiantes
a corto plazo, mientras que se actúa para proteger los activos y los sistemas
de medios de vida de los agricultores y ganaderos, creando capacidad de
resistencia a largo plazo.
Si queremos evitar una
crisis alimentaria y ambiental, las respuestas deben de implementarse por medio
de políticas públicas para restablecer los medios de vida necesarios como son
los ríos y el uso de la tierra, debiendo invertir fondos y aplicarse en una
escala que asegure la protección de las comunidades.
Ante la prolongada
sequía que hoy afecta al país es importante gestionar una mayor eficiencia de
los recursos hídricos que tenemos para obtener un mejor aprovechamiento del
agua que se dispone, ejemplo: implementar sistemas de riego en la agricultura,
realizando un uso racional del agua de los ríos y pozos.
El Gobierno debe de
generar un programa de información y sensibilización a la población a través de
los medios de difusión masiva sobre la necesidad del ahorro, campaña orientada
a concientizar que sin agua no hay vida, pero tampoco podemos vivir sin alimentos.
Promover y financiar
infraestructura y tecnología que nos permita “cosecha de lluvia” o captación de
aguas lluvias, que implica además la conservación de agua para el
aprovechamiento en la agricultura.
Proteger las cuencas
que pasa por reforestar las micro cuencas y no sembrar cultivos en cuencas
vulnerables.
Finalmente la
Asamblea Legislativa, debe establecer como prioridades la pronta ratificación
de la reforma constitucional del Art. 69, a favor del derecho a una
alimentación adecuada y el derecho al agua, así como la aprobación de la Ley
General de Aguas y Prohibir la Minería Metálica en El Salvador como garantía de
protección de los bienes comunes, agua, tierra, aire, paisajes y evitar
inminentes desplazamientos forzosos.
Autora| Zenayda Serrano
MUFRAS-32
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