RECLAMAN EN ONU MEDIDAS CONCRETAS PARA EVITAR Y SANCIONAR ABUSOS DE EMPRESAS TRANSNACIONALES
Por: Diego de León Sagot
Por: Diego de León Sagot
De acuerdo con Héctor García Berríos, representante del Movimiento Unificado Francisco Sánchez –MUFRAS-32–, “El Salvador está siendo asediado por las empresas mineras… han utilizado el mecanismo del CIADI respaldado en las cláusulas que sobre arreglo de diferencias han quedado establecidas en los acuerdo de libre comercio de los cuales el país es parte”.
El activista explicó que El Salvador sólo permitió hacer estudios de exploración, pero no otorgó licencias de explotación, a la entonces empresa Pacific Rim, ahora cedida a la subsidiaria Oceanagold. Al no cumplir los requisitos administrativos que deben llenar las corporaciones, la ley faculta al Ministerio de Economía a no otorgar licencias; por consiguiente, se dictaminó “una suspensión de hecho, sin moratoria”, a la actividad de la empresa minera.
Ante tal situación, y paralelo a la demanda contra el Estado, desde el 2009 se inició una fuerte campaña de hostigamiento contra líderes que alzaron su voz en contra de la minería. En ese mismo año, se asesinaron a cuatro activistas en un lapso de seis meses; “montaron una campaña de terror”, recuerda el defensor, quien a su vez fue objeto de hechos de violencia en su contra por oponerse al desarrollo de los proyectos mineros.
Según explica, en la actualidad la empresa ha cambiado de estrategia: ahora llevan servicios de salud gratuitos, a través de un hospital privado, orientados principalmente a las mujeres, además les ofrecen talleres de capacitación, todo para dar la imagen que las empresas están llevando beneficio y desarrollo a la comunidad”. “Es una estrategia de engaño”, concluye García Berríos.
El activista salvadoreño participó en el IV Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. “La idea es elevar la lucha del nivel local al plano global y plantear una incidencia más efectiva hacia el gobierno… buscamos alianzas y al mismo tiempo activar mecanismos de la ONU que le pidan a las autoridades mejores niveles de garantía y protección de derechos humanos a nivel local”.
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